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En medio de la amenaza de deportación de Trump, esta es la forma en que los abogados y defensores de inmigración de Colorado están trabajando para proteger a los inmigrantes indocumentados

Si bien el presidente electo ha promovido políticas migratorias de línea dura, la ley de Colorado limita el alcance de los funcionarios federales en las comunidades locales

Robert Tann y Andrea Teres-Martinez
Vail Daily
El director ejecutivo y presidente de Voces Unidas, Alex Sánchez, habla durante una manifestación en Glenwood Springs el 10 de marzo del 2024. La reunión se produjo en respuesta a una resolución aprobada por los comisionados del condado de Garfield que declaraba el área como un “condado no santuario.”
Andrea Teres-Martinez/Vail Daily

El regreso al poder del presidente electo Donald Trump podría marcar el comienzo de una de las eras más trascendentales para las comunidades inmigrantes en décadas.

Su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación en la historia de nuestro país” significa incertidumbre para los aproximadamente 11.7 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Ha prometido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en su primer día en el cargo, luchar para revocar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protege de la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y sugirió que está abierto a usar la fuerza militar para ejecutar sus planes de inmigración.

En Colorado, donde se estima que vivían 156,000 inmigrantes indocumentados en el 2022, los abogados y los grupos de defensa se están preparando para un mayor riesgo para sus comunidades—incluso cuando algunos señalan leyes estatales que podrían brindar una capa de protección para las personas indocumentadas.



Las regiones de Colorado con algunas de las mayores poblaciones de inmigrantes incluyen áreas rurales de complejos turísticos, donde los empleos basados en el turismo han atraído a generaciones de trabajadores y algunos distritos escolares mantienen cuerpos estudiantiles que son aproximadamente la mitad o más latinos o hispanos.

“La gente definitivamente está asustada,” dijo el abogado William McNamara, con sede en Dillon, haciendo referencia a varias llamadas que recibió de clientes actuales y anteriores después de la elección. “Hay mucha incertidumbre.”

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¿Qué protecciones hay para los inmigrantes en Colorado?

Los líderes de los grupos de defensa de los inmigrantes ya están tomando medidas para prepararse para lo que anticipan que serán cuatro años turbulentos.

Eso implica presionar a los funcionarios locales para que adopten posturas firmes que reafirmen las protecciones para los inmigrantes que actualmente están vigentes para las comunidades indocumentadas y de estatus mixto.

“Creo que hay un mensaje importante que enviar, y podemos hacerlo a través de ordenanzas y resoluciones,” dijo Alex Sánchez, director ejecutivo y presidente de la organización sin fines de lucro Voces Unidas con sede en la Vertiente Occidental.

Sánchez señala como ejemplo una política de “refugio seguro” única en su tipo aprobada por el Distrito Escolar de Roaring Fork a principios de este año. La política, por la que abogó Voces Unidas, codifica una resolución de 2016 que prohíbe a los agentes federales de inmigración que carecen de una orden judicial federal llevar a cabo acciones en los terrenos de las escuelas.

“Esperamos que otros condados, otros distritos escolares en todo el estado, particularmente en High Country, sean lo suficientemente valientes como para aprobar políticas similares,” dijo Sánchez. “Los gobiernos locales deberían centrarse en mantenernos a todos prósperos y seguros, y no deberíamos vernos obligados a hacer nada de lo que el gobierno federal sea responsable.”

En los últimos años, los legisladores de Colorado han tomado medidas para limitar el alcance de los funcionarios federales de inmigración en las comunidades locales.

En el 2019, la legislatura aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 19-1124, que prohíbe a las fuerzas del orden estatales arrestar o detener a alguien únicamente en función de su estatus migratorio. También prohíbe a los funcionarios estatales compartir la información personal de alguien con las autoridades federales de inmigración.

Posteriormente se aprobaron leyes que prohíben a los funcionarios de inmigración realizar arrestos en los juzgados y restringen a los gobiernos locales y a las fuerzas del orden público que se asocien con esos funcionarios para detener a las personas que enfrentan procedimientos federales de inmigración civil.

Los legisladores estatales también han buscado eliminar las barreras para los inmigrantes a la hora de acceder a programas de vivienda y redes de seguridad.

La Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de Colorado, aprobada en el 2020, hace ilegal que los propietarios pidan información sobre ciudadanía o inmigración a los inquilinos. La ley “Cover All Coloradans” del 2022 permite a los residentes inmigrantes solicitar un seguro médico independientemente de su estatus migratorio. Todos los residentes de Colorado también pueden solicitar una licencia de conducir o una identificación estatal independientemente de su estatus migratorio según la Ley de Seguridad Vial y Comunitaria de Colorado del 2013.

Peter Bakken, director ejecutivo del grupo Mountain Dreamers, con sede en Frisco, dijo que los inmigrantes en Colorado deben conocer sus derechos bajo la ley estatal. Durante la primera administración de Trump, la desinformación “se propagó como un incendio forestal,” y Bakken dijo que garantizar que las comunidades inmigrantes tengan acceso a información confiable y veraz será fundamental en esta ocasión.

“Colorado está en condiciones de ayudar a proteger y apoyar a la comunidad inmigrante,” dijo Bakken. “Nuestro mensaje será que: ‘estamos aquí; no nos vamos a ir a ninguna parte; vamos a seguir apoyando a los inmigrantes independientemente de su estatus’.”

Bakken dijo que su organización se centrará en mantener y reforzar las asociaciones comunitarias, que han ayudado a la organización sin fines de lucro a respaldar varios servicios y programas vitales. Eso incluye proporcionar vivienda de emergencia para inmigrantes y ayudar a los recién llegados a navegar por todo, desde aprender rutas de autobús hasta inscribir a sus hijos en la escuela.

“Comenzamos durante la última administración de Trump—y somos más fuertes y estamos más conectados y más involucrados con varias organizaciones,” dijo Bakken. “Por lo tanto, creemos que eso nos coloca en una posición mucho mejor para ser más proactivos en este tipo de cuestiones.”

Aunque Bakken ha notado cierta ansiedad entre los miembros de la comunidad local sobre un segundo mandato de Trump, dijo que el espectro de la incertidumbre ha estado presente durante mucho tiempo en los hogares inmigrantes, independientemente de quién esté en la Casa Blanca.

Bakken dijo que aún está por verse hasta qué punto Trump cumplirá con sus numerosas propuestas de campaña de línea dura, incluidas las deportaciones masivas. Sospecha que muchas de esas políticas se verán afectadas por demandas y rechazos de estados como Colorado.

Aun así, la amenaza de deportación es demasiado real para algunos miembros de la comunidad inmigrante.

Hace más de 20 años, la madre de Sánchez fue deportada a México cuando él era un niño pequeño que vivía en El Jebel, una zona no incorporada aproximadamente a 20 millas al norte de Aspen—donde su madre trabajaba como ama de llaves.

Dijo que las deportaciones de residentes que trabajan, como su madre, devastan a las familias y las economías. En el 2022, la población indocumentada de Colorado pagó aproximadamente $436.5 millones en impuestos estatales y locales, según un estudio reciente del Instituto de Impuestos y Política Económica.

“En la región montañosa central y de High Country, muchos de nosotros vivimos con familias de estatus mixto,” dijo Sánchez. “Conocemos el dolor, conocemos el daño, sabemos la perturbación que (las deportaciones masivas) causarán a la economía local, sin mencionar el impacto personal que causarán.”

¿Cómo se preparan los abogados de inmigración de Colorado en medio de la amenaza de deportación?

Cuando los habitantes de Colorado se despertaron la mañana después del día de las elecciones, los abogados comenzaron a prepararse para lo que podría ser la ley de inmigración bajo una segunda administración de Trump.

Para McNamara, un abogado de Elevation Law, esto significa revisar todos los casos de sus clientes y evaluar si podría ser necesaria una estrategia diferente en el futuro.

McNamara dijo que ha estado trabajando con los clientes para presentar las solicitudes pendientes, renovar los permisos de trabajo y, en el caso de los clientes con más de una base para un permiso de trabajo, solicitar un segundo. “En el pasado, podría haber recomendado a un cliente… ‘si ya tiene un permiso de trabajo, sería un poco redundante tener un segundo’,” dijo McNamara. “Ese consejo sería diferente ahora porque no está claro qué va a pasar con los diferentes programas de beneficios.”

En el 2017, la administración Trump intentó eliminar DACA—uno de los programas más conocidos—pero finalmente fue confirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos. Un día después del fallo, Trump prometió seguir luchando para poner fin a DACA.

El programa solo aceptó solicitudes del 2012 al 2017 para inmigrantes que habían ingresado a Estados Unidos antes del 2007 y antes de cumplir los 16 años. Hasta ahora, los inmigrantes bajo DACA han podido renovar sus protecciones, que desaparecerían si se elimina el programa.

Uno de los clientes de McNamara es un titular de DACA, uno de los muchos que han tenido que reevaluar su camino hacia la ciudadanía después de la elección presidencial. Además de tener un trabajo fundamental para su comunidad local, quería solicitar una libertad condicional anticipada para visitar a un familiar con una enfermedad terminal en su país de origen.

“Simplemente no sé si me sentiría cómoda con que ella viajara a menos que pudiera hacerlo antes de fin de año,” dijo McNamara. “Creo que hay muchas posibilidades de que no se le permita entrar a Estados Unidos a un beneficiario de DACA que viaja con libertad condicional anticipada y regresa a un gobierno de Trump. Ese es un riesgo que yo ya no estaría dispuesta a correr.”

Jennifer Smith, propietaria de Smith Immigration en Glenwood Springs, dijo que su equipo ha priorizado trabajar con clientes que son “más vulnerables a resultados negativos” para evaluar cuáles deberían ser sus próximos pasos.

La firma de Smith ya se había establecido cuando Trump fue elegido para su primer mandato en el 2016. Aunque puede ser difícil predecir exactamente qué sucederá durante los próximos cuatro años, dijo Smith, tienen una idea general de qué esperar en función de su experiencia previa, incluida una aplicación más estricta de la ley, más procedimientos de deportación y más dificultades para acceder a las protecciones existentes.

“Creo que eso hará que algunas personas no quieran presentar solicitudes,” dijo Smith. “Creo que habrá algunas personas que querrán retirar solicitudes que tienen legítimamente pendientes por el deseo de no estar en el sistema.”

Los tipos de llamadas que Smith ha recibido de sus clientes van desde respuestas de “lucha” hasta de “huida.” Algunos han pedido orientación, decididos a hacer todo lo posible antes del 20 de enero, el día de la toma de posesión de Trump. Otros se han mantenido en silencio.

“Es una mezcla de cosas,” dijo. “Estamos escuchando a gente que está preocupada, y también estamos viendo mucho silencio.”

Además de prepararse para una mayor aplicación de la ley, tanto McNamara como Smith mencionaron sus preocupaciones sobre el Proyecto 2025, un marco de propuestas para que el presidente republicano ejecute una reforma radical del poder ejecutivo. Aunque Trump ha declarado que no está involucrado en el proyecto y ha expresado su desaprobación sobre algunas de las propuestas, el nombramiento de algunos de sus autores en su administración hace que algunos se muestren escépticos sobre su participación, ya que ven su rechazo inicial al proyecto como una estrategia de sondeo.

“Especialmente a la luz del control del Congreso y el nombramiento de varias personas que trabajaron en el Proyecto (2025) en puestos de poder dentro de la nueva administración… nos obliga a tomar esas cosas en serio y al pie de la letra,” dijo Smith.

Smith dijo que ha estado respondiendo a las llamadas de personas preocupadas con consejos generales sobre cómo los inmigrantes indocumentados, o aquellos con visas temporales, pueden protegerse a medida que el panorama político cambia.

Advirtió contra escuchar a los estafadores que anuncian falsamente que pueden ayudar con los problemas de inmigración sin tener ninguna capacitación o autorización legal y que han utilizado tácticas engañosas como copiar los logotipos y membretes de varias agencias del Departamento de Seguridad Nacional.

“No dejes que el miedo te lleve a confiar en alguien con información no fidedigna,” dijo Smith. “Donde hay mucha incertidumbre, hay muchas personas no confiables que vienen a llenar los vacíos.”

Las recomendaciones de Smith para la comunidad inmigrante incluyen llevar identificación, prueba de estatus o prueba de residencia de largo plazo cuando estén en público, no conducir sin licencia y tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales.


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