Nueva ley de Colorado reforzará la protección a inmigrantes, limitará la cooperación con ICE. Esto es lo que podría significar para las comunidades turísticas rurales.
Traducido por Edgar Arroyo
Robert Tann/Summit Daily News
El gobernador Jared Polis firmó el viernes una amplia expansión de las políticas de protección a inmigrantes existentes en Colorado, limitando aún más las interacciones entre agentes federales y funcionarios locales.
La medida, el Proyecto de Ley del Senado 276, fue una de las principales prioridades para los demócratas en la legislatura estatal que han tomado medidas para aislar a Colorado de las políticas de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump y su llamado a llevar a cabo la “mayor deportación en la historia de nuestro país.”
La representante demócrata Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, una de las principales patrocinadoras del proyecto de ley, dijo que tendrá un impacto especialmente importante en las comunidades turísticas rurales donde los inmigrantes constituyen una gran parte de la fuerza laboral. En algunos condados, incluidos Summit, Eagle, Pitkin y Garfield, los distritos escolares tienen poblaciones estudiantiles latinas que son alrededor de la mitad o más.
La medida llega a la vez que algunas comunidades de la zona montañosa reportan un aumento en la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“Definitivamente es una victoria para Colorado, especialmente en un momento en que estamos viendo mucha actividad de ICE en nuestras comunidades montañosas”, dijo Velasco, la primera legisladora nacida en México del estado. “Queremos asegurarnos que se respeten los derechos constitucionales de las personas.”
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Alex Sánchez, presidente y director ejecutivo del grupo de defensa de inmigrantes Voces Unidas, con sede en la zona montañosa, calificó la medida como un “paso en la dirección correcta.”
Agregó que también es “el comienzo de donde probablemente tendremos que regresar a la legislatura en futuras sesiones legislativas para poder hacer lo correcto para los habitantes de Colorado.”
Qué hace la ley
Colorado ya ha aprobado medidas que restringen a las agencias estatales compartir información personal relacionada con inmigración con agentes federales, que prohíben arrestos federales en tribunales estatales, y que impiden que los gobiernos locales se asocien con ICE para detener a personas que enfrentan procesos civiles de inmigración.
El SB 276 amplía esas protecciones existentes.
Extiende la prohibición del intercambio de datos entre funcionarios estatales y federales para incluir a los gobiernos locales, así como a las ramas judicial y legislativa del estado, a menos que se presente una orden judicial válida. También impide que lugares como escuelas, hospitales y centros de cuidado infantil ofrezcan a ICE acceso a espacios privados e información sobre niños inscritos o pacientes sin una orden judicial.
En los distritos escolares que tienen grandes poblaciones estudiantiles latinas, “Queremos que tengan claridad sobre cómo estar seguros, cómo hacer que sus familias estén seguras,” dijo Velasco.
Los funcionarios locales que violen estas disposiciones podrían enfrentar multas de $50,000, dinero que se pagaría al Fondo Estatal de Defensa Legal de Inmigración. Velasco y los grupos de defensa de inmigrantes dijeron que tener responsabilidad será importante para garantizar que los gobiernos locales estén cumpliendo con la ley estatal.
Incluso con las restricciones actuales sobre la cooperación con ICE en vigor, condados más conservadores de la vertiente occidental, incluidos Garfield, Moffat y Mesa, han aprobado resoluciones rechazando la política de “santuario” y señalando que podrían colaborar con funcionarios federales de inmigración según sea necesario.
“No debería importar si vives en un condado conservador en el estado de Colorado,” dijo Sánchez, “la ley no debería ser diferente, la aplicación de esas leyes no debería ser diferente, el derecho a corte no debería ser diferente.”
Sánchez dijo que Voces Unidas planea compartir información sobre los diversos aspectos del proyecto de ley, incluyendo cómo reportar a funcionarios de gobiernos locales que violen sus reglas de intercambio de datos.
Otras disposiciones en el proyecto de ley otorgan a los inmigrantes sin estatus legal la capacidad de impugnar declaraciones de culpabilidad que puedan haber presentado de manera inconstitucional por delitos menores de clase 3, delitos menores de tráfico y delitos menores simples.
También impide que las cárceles y los agentes del orden público retrasen la liberación de un acusado a solicitud de funcionarios federales de inmigración, y estipula que la detención continua de una persona que ha pagado fianza de acuerdo a una orden de detención civil de inmigración constituye un nuevo arresto sin orden judicial.
El proyecto de ley elimina un requisito para los estudiantes que buscan inscribirse a nivel estatal, o para las personas que solicitan una identificación estatal, que estén indocumentadas, de presentar una declaración jurada diciendo que han solicitado o planean solicitar estatus legal. También otorga al gobernador la facultad de negar el acceso a estados que envíen su Guardia Nacional u otras tropas militares a Colorado para llevar a cabo políticas federales de inmigración.
Velasco no ve las disposiciones del proyecto de ley como una limitación para colaborar con funcionarios locales con ICE, y agregó: “Sólo estamos diciendo que las personas tienen derecho a corte, que todos somos iguales cuando se trata de la ley.”
“La aplicación federal es responsabilidad de las agencias federales,” continuó Velasco. “Cuando se trata de la seguridad pública, queremos que esos dólares y esos recursos sirvan a nuestras comunidades locales y no para hacer el trabajo de las agencias federales.”
Sánchez dijo que el proyecto de ley no impide que ocurran deportaciones, y agregó: “Creo que es importante que la comunidad entienda que este proyecto de ley o cualquier ley estatal no impide que el gobierno federal entre a las comunidades y separe familias.”
Conflicto sobre las políticas de ‘santuario’
La ley SB 276 llega a la vez que la administración Trump busca anular las leyes de inmigración existentes en Colorado. El Departamento de Justicia presentó una demanda el 30 de abril ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Colorado alegando que las leyes de “santuario” del estado violan la Constitución de los Estados Unidos e interfieren con los esfuerzos federales para el cumplimiento de las leyes de inmigración.
Los republicanos en la legislatura estatal, que se opusieron unánimemente a la SB 276, advirtieron que podría causar que Colorado se ponga aún más “bajo la mira” del gobierno federal y abrir la puerta a más acciones legales.
Polis, en una declaración tras firmar el proyecto de ley, dijo que Colorado no es un estado santuario y que las fuerzas del orden locales cooperan con las autoridades federales “en la identificación, detención y procesamiento de criminales, independientemente de su estatus migratorio.”
Polis dijo que la intención de la SB 276 es “establecer pautas para que los gobiernos estatales y locales trabajen con el gobierno federal.” Agregó que el proyecto de ley, que contiene excepciones cuando se emiten órdenes judiciales válidas, “permite explícitamente el intercambio de información con las autoridades federales de inmigración con fines de investigar un crimen.”
El gobernador dijo que tener políticas y procedimientos uniformes para lugares públicos, como escuelas y hospitales, ayudará a minimizar el caos y la confusión.
“En un momento en que la desinformación y el discurso alimentado por el odio están causando miedo en nuestras comunidades, aprecio la disposición de los patrocinadores del proyecto de ley para trabajar con las partes interesadas durante todo el proceso legislativo para encontrar una solución que funcione para todos los habitantes del estado y para los gobiernos estatales y locales,” dijo Polis. “Sigo instando al Congreso a que se proteja nuestra frontera y se apruebe una reforma migratoria integral, incluyendo vías para que miles de habitantes respetuosos de la ley obtengan autorización de trabajo.”
Velasco dijo que los legisladores consideran que la ley es constitucionalmente válida y se mantendrá en los tribunales. Dijo que Colorado sigue siendo perseguido por la administración Trump no solo por la política migratoria sino también por los derechos transgénero y al aborto, así como por las metas medioambientales.
Velasco dijo que ella y otros legisladores demócratas “no estamos bajo la ilusión que esta sea una varita mágica que haría que todos se sientan seguros. Definitivamente creo que la gente no se siente segura, pero estaban pidiendo que Colorado hiciera algo y diera un paso adelante por nuestra comunidad.”
