El Departamento de Seguridad Nacional elimina la lista de ‘jurisdicciones santuario’ que identificaba a varios municipios y condados de Colorado
Traducido por Edgar Arroyo

Robert Tann/Summit Daily News
El Departamento de Seguridad Nacional eliminó el domingo de su sitio web la lista de “jurisdicciones santuario”, que incluía a varias ciudades y condados del oeste de Colorado.
El departamento publicó la lista el 29 de mayo, citando su decisión bajo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada Protección de las comunidades estadounidenses de criminales extranjeros. La página afirmaba que “las jurisdicciones santuario irrumpen el estado de derecho y ponen en peligro la vida de los estadounidenses y de las fuerzas del orden público”.
De las 53 jurisdicciones santuario identificadas para Colorado cuando se eliminó la lista, los condados del oeste incluidos fueron Eagle, Garfield, Pitkin, Río Grande, Summit y Lake. Las comunidades incluidas fueron Avon, Basalt, Carbondale, Dillon, Eagle y Vail. El condado de Routt no fue incluido en la lista.
Varios condados de Colorado se han declarado “no santuarios”, incluido el condado de Garfield. A pesar que los comisionados firmaron una resolución en 2024 declarando que no brindarían ayuda ni refugio a migrantes indocumentados, el condado aún fue incluido en la lista.
“En cuanto a esa lista completa, es una especie de tontería,” dijo el comisionado del condado de Garfield, Tom Jankovsky. “Tomamos nuestra decisión. El alguacil sigue las leyes estatales. Así es como estamos.”

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Jankovsky dijo que los comisionados del condado de Garfield aprobaron una decisión declarando que no es un condado santuario “principalmente en respuesta a los venezolanos que estaban acampando en Carbondale.”
“Dijimos que no íbamos a ofrecer ayuda a inmigrantes indocumentados en cuanto a comida y refugio,” dijo. “Si llegaron hasta aquí, entonces deben poder cuidarse por sí mismos.”
De los otros condados del oeste de Colorado incluidos en la lista del departamento, ninguno ha aprobado oficialmente una postura declarándose como jurisdicciones santuario. El condado de Eagle, aunque aprobó la decisión de apoyar a los inmigrantes locales, no adopta esa etiqueta. Varios de ellos aún podrían haber sido identificados por tener políticas que se apegan a los principios de las jurisdicciones santuario.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, los criterios para que un condado o ciudad sea designado como jurisdicción santuario se basan en múltiples factores: “autodeclararse como jurisdicción santuario, no cumplir con la aplicación de la ley federal en la implementación de leyes migratorias, restricciones en el intercambio de información y protecciones legales para inmigrantes ilegales.”
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Colorado en sí fue listado por el departamento como un estado santuario por “autodeclararse como jurisdicción santuario estatal”. El gobernador de Colorado, Jared Polis, ha sostenido que Colorado no es un estado santuario, enfatizando su cooperación con las autoridades federales en investigaciones criminales. Sin embargo, la ley de Colorado limita cómo las fuerzas del orden locales pueden cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
En mayo, Polis también firmó una ley que prohíbe a las cárceles retrasar la liberación de personas por motivos de cumplimiento migratorio y restringe a los gobiernos locales compartir información personal con agencias federales de inmigración.
Estas políticas migratorias han sido atacadas por la administración Trump, que presentó una demanda contra el estado de Colorado y la ciudad de Denver en mayo, buscando eliminar políticas locales que restringen la cooperación entre las autoridades locales y federales de inmigración.
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, junto con una coalición de 19 fiscales generales, respondió presentando dos demandas contra la administración Trump alegando que su uso de miles de millones en servicios de emergencia y proyectos de infraestructura para imponer “condiciones ilegales relacionadas con inmigración” es ilegal.
El departamento dijo que notificó a cada jurisdicción listada de su “incumplimiento con los estatutos federales” y exige que estas jurisdicciones “revisen y modifiquen inmediatamente sus políticas para que se apeguen a las leyes federales de inmigración y renueven su obligación de proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a inmigrantes ilegales peligrosos.” Este mensaje fue retirado junto con la lista.
El presidente de la Asociación Nacional de Sheriffs, el alguacil Kieran Donahue, había criticado públicamente la lista antes del domingo por haber sido creada “sin ningún aporte, criterio de cumplimiento ni mecanismo para objetar la designación.”
“Los sheriffs en todo el país no tienen forma de saber qué deben hacer o no hacer para evitar esta etiqueta arbitraria,” dijo Donahue en un comunicado.





